Antifranquismo y fin de la dictadura
En los últimos tiempos, algunos publicistas con pretensiones de historiadores revisionistas han pretendido dar nuevamente vida al tópico de la debilidad extrema de la oposición a la dictadura franquista. La insistencia en tal formulación podría considerarse paradójica si tenemos en cuenta que ni en la vida política ni en la sociedad española está asentada la relación directa entre la lucha contra la dictadura y la democracia actual. Y no porque no existan sólidos argumentos para fundamentarla. En efecto, si bien resulta evidente que el antifranquismo no logró el derrocamiento del régimen encabezado por Franco, también lo es que existió siempre una oposición organizada y que, desde el inicio de la década de 1960, la movilización sociopolítica, impulsada decisivamente por el activismo antifranquista, causó una profunda erosión a la dictadura y contribuyó de manera determinante a su irreversible crisis.
Conviene destacar, en primer lugar, que la dictadura franquista tuvo que hacer frente siempre a una oposición organizada incluso en los primeros años de vida del Nuevo Estado, cuando la represión contra los vencidos alcanzó cotas extraordinarias. Más tarde, con la finalización de la II Guerra Mundial y la esperanza de que el hundimiento del fascismo en Europa alcanzaría también a España, se produjo una notable reorganización y actividad de la oposición y un episodio de lucha armada contra la dictadura de notable entidad; sólo hay que recordar lo declarado por Camilo Alonso Vega, director general de la Guardia Civil en la década de 1940 y posteriormente ministro de la Gobernación desde 1957 hasta 1969, refiriéndose al fenómeno guerrillero, un problema de gran trascendencia, dijo, porque "perturbaba las comunicaciones, desmoralizaba a las gentes, destrozaba nuestra economía, quebrantaba nuestra autoridad y nos desacreditaba en el exterior". Desde luego, la formulación es exagerada pero reveladora del impacto del fenómeno. En todo caso, la oposición a la dictadura española en las décadas de 1940 y 1950 fue notoriamente más importante que la oposición a los regímenes fascistas o a otras dictaduras europeas en tiempos de paz, a pesar del imponente aparato represivo desplegado por el franquismo.
Desde comienzos de la década de 1960, la progresiva extensión de una conflictividad social multiforme, que tuvo en el antifranquismo su motor esencial, comportó gravísimas consecuencias para la dictadura, aunque tal conflictividad no tuviera un carácter general y masivo y no lograra precipitar el fin del régimen, como apuntan reiteradamente todos aquellos que quieren minimizar el papel de la oposición a la dictadura. Y es que ignoran que para evaluar el impacto del antifranquismo sobre el régimen hay que tener muy presente la naturaleza del franquismo. El orden franquista se declaraba y era absolutamente incompatible con el conflicto social, que afirmaba haber erradicado definitivamente de la sociedad española, e identificaba la ausencia de conflictos con la paz de Franco, presentada como uno de sus activos fundamentales y además un rasgo definidor del régimen. Por tanto, la quiebra de esa paz en cada conflicto social y la transgresión de la legalidad que comportaba, independientemente de su origen y dimensión, constituía un desafío que cuestionaba directamente al régimen y que éste consideraba que debía combatir frontalmente, aunque ello le ocasionara nuevos y, a veces, graves problemas. Por otra parte, el franquismo era también incompatible con toda forma de oposición, con lo que denominada genéricamente la subversión o la anti-España, y para ello había creado y desplegado un formidable aparato represivo. Por tanto, para la dictadura, la existencia de conflictividad social y de una oposición política activa significaba más que un desafío y una amenaza: constituía la manifestación del fracaso de un régimen político que había proclamado un Nuevo Orden donde ni el conflicto ni la oposición tenían cabida. En consecuencia, la conflictividad social y la acción opositora fueron muy desestabilizadoras para el régimen y contribuyeron decisivamente a la aparición, ya en la década de 1970, de un problema del todo irresoluble para el franquismo: la falta de legitimidad democrática. Ciertamente, el franquismo nunca la había tenido ni la había buscado, y hasta entonces tal carencia no había constituido un problema grave; pero desde finales de la década de 1960 adquirió tal carácter, justamente porque la dictadura era desafiada y combatida interiormente de forma creciente, y porque al mismo tiempo sectores sociales y políticos que le habían dado su apoyo hasta entonces consideraban indispensable la aproximación a las democracias europeas, algo imposible de alcanzar cuando la continuada acción represiva para contener el disentimiento demostraba cotidianamente que no se sustentaba en el libre consentimiento de los ciudadanos españoles.
Ahora que se ha empezado a reconocer socialmente el impresionante coste humano de la represión franquista de guerra y posguerra es oportuno recordar que la conflictividad social y la acción opositora que fueron determinantes para el final de la dictadura no resultaron gratuitas para sus impulsores; al contrario, tuvieron elevadísimos costes en forma de detenciones, torturas, condenas de prisión, exilio, pérdida del trabajo o de los estudios, etcétera. Téngase en cuenta que solamente los expedientes abiertos por el Tribunal de Orden Público desde su creación en 1963 hasta su supresión en 1976 afectaron a más de 50.000 personas, y un número no insignificante sufrieron la actuación de la jurisdicción militar.
El franquismo no se sustentó solamente en la coacción y la violencia, tuvo importantes apoyos sociales e institucionales y se benefició de la pasividad de muchos, aunque no debe desconocerse que ello fue, al menos en parte, producto del miedo que logró inocular en la sociedad española. Pero el antifranquismo en sus diversas manifestaciones no fue una exigua minoría de la sociedad, y sólo desde la banalización frívola o desde la manipulación interesada puede minimizarse el papel de una inmensa minoría de trabajadores, estudiantes, profesionales e intelectuales que, ejerciendo derechos prohibidos, reclamándolos o solidarizándose con las víctimas de la represión rompieron el orden franquista y llevaron a la dictadura a un callejón sin salida.
Carme Molinero y Pere Ysàs son miembros del Centro de Estudios sobre las Épocas Franquista y Democrática de la UAB.
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